Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de género

¿Qué mide el indicador de acceso a los servicios públicos y la protección social?

El conjunto de indicadores de acceso a los servicios públicos y la protección social permite analizar si el marco jurídico vigente brinda a las minorías sexuales y de género igualdad de acceso a los servicios públicos y la protección social. Este indicador tiene como objetivo determinar si las leyes, disposiciones constitucionales y regulaciones nacionales protegen a las minorías sexuales y de género frente a la discriminación en el acceso a diversos servicios públicos en función de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales[1]. Además, mide la existencia de organismos nacionales dedicados a la igualdad o instituciones nacionales de derechos humanos responsables de manejar las denuncias de discriminación en los servicios públicos por motivos de orientación sexual o identidad de género.

¿Qué mide el indicador de acceso al mercado laboral?

El conjunto de indicadores referido al acceso al mercado laboral tiene como objetivo detectar la existencia (o ausencia) de leyes, disposiciones constitucionales o regulaciones nacionales que prohíban la discriminación en el acceso al mercado laboral basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales. Examina la existencia de leyes o regulaciones que prohíban la discriminación en el acceso al empleo, la obtención de igual remuneración y beneficios, y la búsqueda de resarcimiento.

¿Qué mide el indicador de inclusión cívica y política?

Este conjunto de indicadores permite estudiar cuestiones relacionadas con la inclusión cívica y política de las minorías sexuales y de género. Para esto, se analiza si existen instituciones nacionales de derechos humanos inclusivas respecto de la orientación sexual y la identidad de género^[1], si se dispone de planes de acción nacionales en esta área y si las organizaciones de la sociedad civil tienen libertad para funcionar sin temor a la persecución. Con este conjunto de indicadores, se mide la inclusión social examinando el número de políticos del cuerpo legislativo de cada país que se identifican abiertamente a sí mismos como miembros de minorías sexuales o de género, la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que las parejas del mismo sexo se casen y adopten niños, y las protecciones legales para los niños intersexuales. Esta sección también se centra en las leyes que permiten modificar los marcadores de género en los documentos de identidad oficiales sin requisitos patologizantes y en la discriminación contra las minorías sexuales y de género al momento de obtener dichos documentos.

¿Qué mide el indicador de criminalización de la orientación sexual y de la identidad de género?

Con este conjunto de indicadores se examina el grado de criminalización de la orientación sexual y la identidad de género. También se tiene en cuenta el nivel de criminalización de las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, y si existe una discrepancia entre la edad legal para las relaciones sexuales consentidas entre heterosexuales y en parejas del mismo sexo. Este indicador también mide la presencia de leyes de moralidad pública, molestias públicas o vagancia que se dirijan específicamente a las minorías sexuales y de género.

¿Qué mide el indicador de protección contra los delitos de odio?

Este conjunto de indicadores es fundamental para determinar la existencia y la eficacia de las leyes y los mecanismos que penalizan los delitos de odio y protegen a las minorías sexuales y de género. Asimismo, permite determinar si el hecho de que los delitos se basen en la orientación sexual o la identidad de género de una persona se considera una circunstancia agravante según la ley, si las leyes o regulaciones exigen que los organismos gubernamentales monitoreen y recopilen datos, y si las normas vigentes obligan a brindar asistencia legal, refugio o vivienda, exámenes forenses o médicos y certificados médicos. Finalmente, con este indicador se analiza si las leyes o regulaciones exigen brindar capacitación a los profesionales pertinentes (por ejemplo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los prestadores de atención médica) para que puedan identificar los delitos de odio.